El Gobierno español ha tomado la decisión de reducir el límite de velocidad en autopistas y autovías de 120 a 110 km/h, con el objetivo de reducir el gasto de gasolina y gasóleo. La medida, que entrará en vigor el próximo lunes 7 de marzo en toda la red viaria del país, es la respuesta a la crisis energética que estamos padeciendo. Esto contrasta con el hecho de que Holanda acaba de ampliar el límite de velocidad de 120 a 130 km/h.
Las críticas a esta medida improvisada y transitoria, no se han hecho esperar.
Se colocará una pegatina imantada sobre las 6.000 señales existentes, lo que supondrá un desembolso para el Ministerio de Fomento de 250.000 euros.
Hacienda dejará de ingresar 620 millones de euros si se aplica hasta diciembre la nueva medida, y prevé reducir el consumo de carburantes un 12%, aunque el ministro de industria lo cifró en el 3%.
Se perderá una oportunidad para discriminar positivamente las autopistas, que tienen unos ratios de accidentalidad mucho más bajos que las autovías.
Son muchos los que ven detrás de esta medida un afán recaudatorio materializado en multas y sanciones por exceso de velocidad. Multas que ya no serán por un problema de seguridad vial sino por incumplir un plan de ahorro energético.
Además el ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciando un recorte de la iluminación en las carreteras, una medidas cuyas posibles consecuencias en la seguridad pueden ser muy negativas.
Lo que más preocupa de la medida a parte de su dudosa eficacia, es la evidencia sobre nuestra dependencia energética. La subida del precio del barril de petroleo
podría terminar de hundir el barco de nuestra economía, que ya hace aguas desde hace tiempo y que podría no soportar esta nueva embestida.
Tal vez sea el momento de retomar el controvertido tema de la energía nuclear.
No hay comentarios:
Publicar un comentario